RECORTE PRESUPUESTARIO AFECTARIA

 EL SERVICIO QUE SE BRINDA A LAS MUJERES

Marta Iris Mu–oz Cascante

Directora Defensa Pœblica

 

A La Defensa Pœblica como —rgano que integra el Poder Judicial le ha sido asignado por ley, la defensa tŽcnica legal de las personas que no cuentan con recursos econ—micos, as“ atendemos a usuarios y usuarias en materia de pensiones alimentarias, penal juvenil, penal, agrario, ejecuci—n de la pena, contravencional, etc.  En todos estos servicios que presta nuestra instituci—n hacemos realidad para cada usuario y usuaria el principio de acceso a la justicia, pero un acceso efectivo que pretende la satisfacci—n de derechos fundamentales, tal es el caso de las pensiones alimentarias en donde no es solo interponer una demanda de pensi—n alimentaria, sino que detr‡s de esta acci—n legal en la que participamos se pretende satisfacer derechos fundamentales como lo son el derecho a la alimentaci—n, a la educaci—n, a la vivienda, a la salud,  etc.

Por eso lleva raz—n Do–a Gloria Bejarano al se–alar que un recorte del presupuesto del Poder Judicial afecta los servicios directos de la gente m‡s pobre y vulnerable de este pa’s, poblaci—n que es atendida por la Defensa Pœblica, enfatizamos que un recorte presupuestario al Poder Judicial agravar’a el servicio que se brinda a poblaciones vulnerables a las que atendemos.

En la Defensa Pœblica,  al igual que en cada uno de los —rganos que integran el Poder Judicial, hicimos un esfuerzo tŽcnico y consciente de la realidad del pa’s al plantear el presupuesto de la instituci—n de cara al a–o 2012. Se ha cumplido con todas las etapas y directrices presupuestarias emitidas por el Departamento de Planificaci—n, Consejo Superior y Corte Plena, as“ como  las directrices del Ministerio de Hacienda. Es por ello que nos propusimos mantener las operaciones cotidianas, tomando en consideraci—n la realidad social y econ—mica del pa’s, sin afectar el servicio pœblico que brindamos y pretendiendo el crecimiento  necesario para generar un servicio —ptimo.

Los recortes presupuestarios que se plantean en la Asamblea Legislativa afectan partidas presupuestarias como la de alquileres, los cuales son necesarios para contar con espacios aptos para la atenci—n de  usuarias, usuarios y del personal de la Defensa Pœblica. TambiŽn el  recorte afectar“a la partida de Servicios Generales que nos obliga a sacrificar recursos para contratar servicios de seguridad y limpieza en oficinas que requieren protecci—n, por estar fuera de edificios de la Instituci—n, poniendo en riesgo los recursos existentes. Adem‡s, se proponen recortes en las partidas de mantenimiento de los edificios, lo cual implicar’a afectar las condiciones adecuadas de los diferentes locales en todo el pa’s, los que requieren condiciones de operaci—n b‡sicas, no lujosas.

Por esta raz—n, en materia de pensiones alimentarias a pesar de las necesidades de ampliar la cobertura de este servicio y poder atender la demanda que solicitan en su gran mayor’a mujeres que recurren a la v’a judicial, para lograr que los padres de sus hijos, atiendan sus responsabilidades y de esta forma lograr la obtenci—n de una pensi—n justa que les permita velar por la satisfacci—n de las necesidades b‡sicas de sus hijos e hijas,  a la Defensa Pœblico no le fueron aprobadas nuevas plazas de defensores y defensoras para brindar este servicio. En este sentido, ya por varios a–os se ha fundamentado estad’sticamente la necesidad de crear nuevas plazas de defensor y defensora Pœblica, para brindar este servicio tan fundamental en  Poˆs de Alajuela, Atenas, La Fortuna, San Mateo, Palmares, San Ram—n, Orotina, Tres R’os de Cartago y muchos otros lugares del pa’s en donde la demanda exige la implementaci—n de este servicio.

Asimismo y por razones de austeridad no se aprob— a la Defensa Pœblica recurso humano para dar cumplimiento a diversas resoluciones de la Sala Constitucional, en las cuales se nos se–ala la obligaci—n de atender la materia de familia y la participaci—n de nuestra instituci—n en procesos orales en materia laboral.   

En resumen,  no se ha entendido que la Defensa Pœblica da un servicio directo a la poblaci—n m‡s vulnerable del pa’s, a la gente m‡s pobre y un recorte de esta naturaleza, sin habernos consultado y sin ningœn respaldo tŽcnico, afectar‡ directamente la posibilidad de garantizar el mandato constitucional  de acceso efectivo a la justicia, as“  por ejemplo, el servicio que se presta a mujeres, ni–os y personas adultas mayores que demandan alimentos y necesidades b‡sicas, siendo que los efectos de esta determinaci—n serian a corto plazo. Y que los funcionarios del Poder Judicial tenemos como principio dar un servicio de —ptima calidad con m’stica y siempre vigilantes del mejor uso de los recursos pœblicos.